miércoles, 10 de agosto de 2011

Deudocracia: la crisis griega y el concepto de deuda ociosa

Esther Ibáñez /15/06/2011

La película documental de 74 minutos “Debtocracy” (Deudocracia) realizada por Aris Chatzistefanou & Katerina Kitidi, resulta indispensable de ver antes de acudir a las manifestaciones del 19J en contra del pacto del Euro. Este documental nos muestra un excelente análisis de la situación en la que se encuentran los países periféricos de Europa y concretamente Grecia donde destacadas personalidades como Eric Toussaint, Costas Lapavitsas, David Harvey y Samir Amin,  entre otros, analizan las causas que arrastraron a Grecia a la situación de endeudamiento público que para el año 2012 puede llegar al 160% del PIB.
Pero lo más interesante del documental, absolutamente imprescindible para poder reivindicar con conocimiento de causa las consecuencias de esta forma de neocolonización financiera, llamada Deudocracia y como defendernos ante ella, es la introducción de un concepto en derecho internacional llamado “Deuda odiosa” (“odious debt”).

La doctrina de la deuda odiosa fue formulada en primera instancia por Alexander Sack en 1927, y ha recibido aportes de una variedad de confiables eruditos del derecho internacional. La definición de las deudas odiosas según consta en la actualidad es la siguiente:

"Las deudas odiosas son aquellas contraídas en contra de los intereses de la población de un país, sin el consentimiento de los ciudadanos y con pleno conocimiento por parte de los acreedores. De esta forma, estas deudas no pueden hacerse valer contra un estado deudor."

EEUU trajo el concepto de “Deuda odiosa” al siglo XXI cuando antes de derrocar a Sadam Hussein intentó demostrar que la deuda de Irak entraba dentro de esta categoría y propuso que el primer gobierno provisional de Irak declarase el cese de los pagos debidos con el pretexto de que el pueblo iraquí no debe pagar la deuda odiosa contraída por el régimen de Sada Hussein. Los diplomáticos estadounidenses demostraron que Irak debía miles de millones a Francia y a Rusia para la compra de misiles Exocet y aviones de combate. Irak consiguió eliminar gran parte de su deuda con el apoyo del imperio estadounidense.

Pero tenemos el ejemplo de otro país que sin ayudas consiguió cancelar su deuda, enfrentándose al FMI y sus otros grandes prestamistas. Demostraron que su deuda no era solo odiosa, sino también ilegítima e inconstitucional. Este país es Ecuador. Rafael Correa fue elegido presidente en el 2006. Había estudiado economía en Europa y EEUU y sabía muy bien cómo manejar el Banco Mundial y el FMI. Como ministro de Hacienda en el 2005 Correa declaró que no era normal que se utilizaran los ingresos del petróleo para pagar la deuda. Dijo que el 80% de los ingresos del petróleo debían destinarse a mejoras sociales y solo el 20% para el pago de la deuda. El Banco Mundial dijo en esa ocasión que no prestaría dinero a Ecuador si se aprobaba esa ley. Correa dimitió voluntariamente porque no quería someterse a las imposiciones del Banco Mundial. Posteriormente fue elegido presidente. Una de sus primeras decisiones fue expulsar al representante del Banco Mundial y pedir a la delegación del FMI que saliese de las instalaciones del Banco Central. Funcionarios del FMI como Bob Traa, quién más tarde llega a Grecia, fueron tachados de indeseables por el pueblo de Ecuador. Seis meses más tarde Correa dio un paso más, cumplió la demanda de las organizaciones sociales de un Comité de auditoría. Se analizaron todos los contratos de deuda desde 1956 a 2006. Se examinaron la deuda en bonos, la deuda con el FMI, con el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. El Comité descubrió que una gran parte de la deuda era ilegítima y el gobierno declaró el cese de los pagos del 70% de la deuda de Ecuador en bonos.

Correa dice: “Ecuador ya no está en venta”.

La cuestión que plantea finalmente el documental es: “¿Debe tanto el pueblo griego como sus acreedores demandan? ¿Es preciso realizar una auditoría de la deuda pública griega? Parece ser que la deuda contraída por Grecia hace poco muestra evidencias de ilegitimidad e ilegalidad. Por ejemplo cuando las autoridades reciben regalos de empresas como “Siemens” que junto con “Siemens Hellas”, sobornan a ministros y funcionarios durante al menos una década con el fin de obtener contratos y esa deuda debería ser examinada en los tribunales.

Además, con las impopulares permutas financieras del 2001, el gobierno griego hipotecó el futuro para presentar un presente próspero falso. Hicieron que la deuda griega se hiciera más baja de lo que era mediante el cambio de un préstamo de Yen al Euro, utilizando tipos de cambio obsoletos. Fueron ayudados por Goldman Sachs, que ganó millones por este acuerdo. El escándalo fue revelado en 2010. Unos días antes, un ex-empleado de Goldman Sachs había sido designado líder de la Agencia de Gestión de la Deuda Pública Griega.

Cuando, hace un año, Alemania negoció el apoyo a Grecia, uno de los principales términos fue que Grecia continuara importando armas alemanas. Grecia debía reducir las pensiones y las prestaciones sociales, pero no las importaciones de armas.

Sarah Wagenknecht, vicepresidenta del partido alemán Die Linke declara en el documental que gran parte de las deudas públicas existentes en los países de la Eurozona es ilegítima, porque esas deudas son el resultado de políticas que van en contra de los intereses de los ciudadanos. Así pues, esas deudas no deben ser pagadas por ellos.

Parece evidente que crear un comité para auditar la deuda pública tanto griega como de otros países en situación similar, sería, además de razonable, muy democrático. Los partidos políticos griegos ND y PASOK que se beneficiaron de la creación de la deuda son muy negativos ante la idea de realizar una auditoría. No es necesario ser un lince para imaginar por qué.

Os recomiendo encarecidamente que veáis el documental. En él se encuentran muchos más datos de los que yo he mencionado en el artículo. Podríamos considerar seriamente que apareciesen pancartas en las manifestaciones del 19J demandando la formación de un Comité de Auditoría de la deuda pública española para poder juzgar si nos encontramos ante un nuevo caso de DEUDA ODIOSA.

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